Wednesday, July 16, 2014

Pierluisi meets with credit raters, investors | Asunto del estatus domina reunión de Junta de Gobierno del PPD

 

Prasa: Water cutoffs on the horizon - Caribbean Businesswww.caribbeanbusinesspr....

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Prasa: Water cutoffs on the horizon - Caribbean Business
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Prasa has already turned down the flow at some reservoirs and is transferring water between filtration plants to minimize the risks of rationing.

Oronoz sworn in to PR Supreme Court - Caribbean Businesswww.caribbeanbusinesspr....

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Oronoz sworn in to PR Supreme Court - Caribbean Business
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maite oronoz rodríguez was sworn in as a puerto rico supreme court associate justice on tuesday, becoming the first openly gay member of the islands top bench.

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Pierluisi meets with credit raters, investors - Caribbean Business
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�During these times of great uncertainty and pessimism in Puerto Rico, I decided to visit credit rating agencies and members of the investment community in New York to impress upon them my belief that Puerto Rico has a great future,� said Pierluisi, the island�s lone member of Congress and president…

Promete a acreditadoras no gastar un peso más de lo que se recaude

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WASHINGTON - El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se reunió en Nueva York con las casas acreditadoras Moody’s y Fitch, además de con “múltiples fondos de inversión”, a los que les llevó la promesa de que un próximo gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) “no va a gastar ni un peso más de lo que se genere”.
“Nuestras corporaciones públicas tendrán que ser autosuficientes o dejar de existir”, indicó Pierluisi que le dijo a los representantes de las casa acreditadoras, que tienen en marcha una nueva ola de degradaciones en contra de los bonos del gobierno de Puerto Rico y la clasificación de instituciones bancarias en la isla.
Pierluisi, presidente del PNP, dijo que las reuniones tuvieron lugar ayer y el pasado viernes en Nueva York, a donde viajó a finales de la semana pasada para participar en la convención de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), un grupo que suele ser solidario con los sectores estadistas.
“Les hablé claro, pero sin amenazas, para que no pierdan la fe en nuestro potencial y nos ayuden a volver a crecer, ya que no hay manera en que Puerto Rico pueda progresar sin tener acceso adecuado a los mercados financieros. Hoy más que nunca debemos tener una comunicación efectiva con los que evalúan el crédito de nuestras entidades gubernamentales y los que están en posición de financiar sus operaciones, y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que así sea”, indicó Pierluisi.
El lunes, el gobernador Alejandro García Padilla dijo que estar ‘cansado’ de los golpes que le otorgan las casa acreditadoras a la clasificación de los bonos del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, sobre todo a raíz de la aprobación de la ley puertorriqueña que permitiría la reorganización de la deuda de las corporaciones públicas.
Pierluisi sostuvo que la ley de quiebras criolla fue objeto de discusión en sus encuentros.
También les habló de su propuesta para tratar de legislar en el Congreso la inclusión de Puerto Rico en el código federal de quiebras, una iniciativa que tiene el respaldo del gobierno de García Padilla, aunque se desconoce aún sus posibilidades reales en momentos en que al Congreso le quedan solo unos 24 días de sesión legislativa entre hoy y las elecciones legislativas de noviembre.
“En estas reuniones les hice saber mis críticas constructivas a la administración actual, particularmente mi rechazo a los nuevos impuestos y aumentos contributivos que ha implantado cuando nuestra economía está muy debilitada”, indicó Pierluisi, al señalar que “dejando a un lado los errores en la administración de nuestro gobierno, la realidad es que Puerto Rico es una fábrica de talento a nivel mundial y puede competir con los mejores en múltiples áreas, tales como la manufactura sofisticada, los servicios profesionales y el turismo en todas sus vertientes”.
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Partidos políticos y CEE no van a audiencia pública

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Por Antonio R. Gómez / <a href="mailto:antonio.gomez@gfrmedia.com">antonio.gomez@gfrmedia.com</a>
Los tres partidos políticos inscritos y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se excusaron hoy de una audiencia pública que celebraría la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, lo que provocó su suspensión, además del disgusto y las advertencias del presidente de la comisión, José “Conny” Varela.
En agenda estaban dos proyectos relacionados con el proceso electoral. Uno de estos, el Proyecto de la Cámara 1126, propone enmendar el Código Electoral de Puerto Rico para establecer un mecanismo de detección de fraude en las peticiones de endosos.
El otro, el Proyecto de la Cámara 1139, propone que aquellos electores que no acudan a votar a una elección general no sean automáticamente removidos del Registro General de Electores, como ocurre al presente.
Varela cuestionó la ausencia de los citados, y adelantó que hará una segunda convocatoria y que si en esa ocasión tampoco comparecen la Comisión procesará las medidas sin el insumo de los partidos y la CEE.
El primero de los proyectos dispone que, “una vez culminado el periodo establecido para la entrega de peticiones de endosos, La Comisión Estatal de Elecciones activará un mecanismo de muestreo, en el cual seleccionará al azar el 10% de las peticiones de endosos presentadas por cada candidato y pasará juicio sobre la validez y corrección de éstos” para detectar cualquier irregularidad o fraude en la obtención de los mismos.
De aprobarse el proyecto, la CEE tendrá 30 días para pasar juicio sobre la validez de las peticiones presentadas y en caso de detectarse algún fraude o irregularidad, vendrá obligada a referir al Departamento de Justicia de Puerto Rico un Informe conteniendo los hallazgos y conclusiones.
El otro proyecto propone que la Asamblea Legislativa reconozca como un derecho, el que un elector inscrito no acuda a una elección general a votar como una forma de expresión y, por tanto, dispone que una persona que no haya podido, o que no haya querido acudir a una elección general a votar, no debe ser excluida del Registro General de Electores.
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Héctor Ferrer reafirma sus intenciones de regresar a la política activa

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Por Brenda I. Peña López/ <a href="mailto:brenda.pena@gfrmedia.com">brenda.pena@gfrmedia.com</a>
El excandidato popular a la alcaldía de San Juan, Héctor Ferrer reiteró esta tarde su intención de regresar a la política activa, aunque descartó señalar qué candidatura es la que le interesa.
A su entrada a la sede del Partido Popular Democrático (PPD), en Puerta de Tierra, Ferrer indicó que no es momento para hablar de ese tema. El también exrepresentante participaría esta tarde de la reunión del presidente del PPD con la Junta de Gobierno de esa colectividad.
“Hablar (en este momento) de candidaturas es un acto de irresponsabilidad, más en el partido que está en el gobierno. Yo lo que he dicho, a la pregunta de si a mí me interesaría regresar a la política activa, mi contestación es que sí, pero también he dicho que no sé ni cuándo ni cómo ni dónde, que en su momento tomaré alguna decisión, pero hablar de candidaturas particulares en este momento sería una irresponsabilidad”, sentenció Ferrer al ser consultado sobre si le interesaba aspirar a la gobernación.
Al ser preguntado en cuanto a su posición sobre el tema del estatus, que se perfila sea el tópico que domine la reunión, recalcó que de haber una consulta, debe ser específicamente sobre la estadidad.
“Yo creo que si vamos a ir a un referéndum, plebiscito o alguna consulta debe ser 'estadidad sí o no', pero es un asunto que hay discutir. La única agenda que yo traigo es esta, la mía, para escribir las cosas. Yo tengo que esperar que el gobernador traiga la agenda para ver qué se va a discutir, eso es lo que corresponde”, sostuvo.
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PIP alega que es frívola la demanda del PNP

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Cuestiona la insistencia del liderato estadista en que la CEE ‘legisle’ un plebiscito
Por José A. Delgado / <a href="mailto:jdelgado@elnuevodia.com">jdelgado@elnuevodia.com</a>
WASHINGTON – El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) afirmó hoy que la dirección del Partido Nuevo Progresista (PNP) cae en la frivolidad al recurrir al Tribunal de Primera Instancia de San Juan a reclamar que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) defina las alternativas de status de un plebiscito que no ha sido legislado.
La única razón posible para la demanda presentada por el PNP, según el presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín, es la lucha interna que existe en esa colectividad por la candidatura a gobernador.
“Todos quieren aparecer tomando iniciativas audaces”, aunque esté claro que no van para ningún lado, como le sucedió al proyecto de ley del presidente del PNP y comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, a favor de un referéndum federal estadidad sí o no, dijo.
El otro virtual precandidato del PNP a gobernador, Ricardo Rosselló, presentó hace unas semanas una querella ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos.
Para Martín no hay duda de que si el PNP creyera que existe un mandato federal para que la CEE le envié definiciones de alternativas de status, el comisionado Pierluisi, como presidente de su colectividad, hubiese acudido primero al Tribunal Federal de San Juan.
La semana pasada, el comisionado electoral del PNP, Jorge Dávila, solicitó al Tribunal  de Primera Instancia de San Juan que obligue a la CEE a “someter una papeleta modelo ante el Departamento de Justicia federal”.
La intención del PNP es aprovechar el lenguaje de la ley federal que permite al Secretario de Justicia de Estados Unidos  - si el gobierno de Puerto Rico quiere aceptar $2.5 millones para ayudar a financiar un referéndum  -, determinar si las definiciones de status  cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.
Pero, la dirección de la CEE ha advertido que no puede enviarle definición alguna al secretario de Justicia de Estados Unidos, si la Legislatura de Puerto Rico no ha reglamenta la consulta de status.
“Es necesario que exista un mandato de ley previo a cualquier acción administrativa de la CEE. De otra manera (se) generaría una acción ‘ultra vires’ (ilegal)”, indicó el presidente de la CEE, Ángel González Román, en una resolución, emitida el 2 de junio, en la que coincidió con las posturas de los comisionados electorales del PPD, Eder Ortiz, y del PIP, Juan Dalmau Ramírez.
Tanto el gobernador Alejandro García Padilla como  líderes legislativos del PPD prevén que en julio comiencen las audiencias de la Legislatura de Puerto Rico para analizar si el próximo proceso debe ser una Asamblea de Status o un plebiscito. García Padilla espera que la estrategia del PPD se defina durante la segunda sesión ordinaria de la Legislatura que inicia en agosto.
El PNP, sin embargo, insiste en que sea la CEE la que defina ahora las alternativas de status, aunque no se conozca cuando ni como se celebraría la consulta.  
“Ha llegado el tiempo de demostrar que hay voluntad para solucionar el asunto del status de Puerto Rico de acuerdo a lo expresado por el pueblo en el plebiscito del 2012. No hay que esperar a julio, sí el gobernador habla en serio, y no es su acostumbrado juego de palabras para tratar de ganar tiempo, tiene que instruir inmediatamente a su Comisionado Electoral (Eder Ortiz Ortiz) a que sea parte de la aprobación de la papeleta oficial de la consulta y presente la misma ante el Departamento de Justicia federal para que ahí evalúen si llena todos los requisitos establecidos en la asignación presupuestaria”, señaló el secretario general del PNP, el representante José Aponte Hernández.
La lentitud del PPD
Martín, sin embargo, está consciente de que el PPD ha preferido arrastrar los pies en torno al debate de status, “distraídos por la depresión económica” a que se enfrenta la isla.
“Están conscientes, porque no son tontos, de que el precio de la inacción sobre el tema del status será altísimo, pero a la misma vez – sostuvo el presidente ejecutivo del PIP -, como históricamente le tienen miedo a su propia sombra, son renuentes a entrar en el debate interno”.
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Ex-’Commonwealth’ Party Head Who Called for Statehood Plebiscite May Run for Governor

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The former ‘Commonwealth’ party president who July 4th called for a plebiscite in Puerto Rico on the territory becoming a State Thursday declined to rule out challenging Governor Garcia Padilla for the party’s gubernatorial nomination in 2016.
Hector Ferrer was Garcia Padilla’s predecessor as party president. He also was Minority Leader of the insular House of Representatives until resigning in 2012 amid allegations that an investigation later found lacked sufficient evidence.
Puerto Rico’s representative to the Federal government and statehood party president, Pedro Pierluisi, initially proposed the vote on statehood He has led 131 other members of the U.S. House of Representatives and three U.S. senators in proposing Federal legislation for a statehood plebiscite.
The bills by Pierluisi and others would require the president of the United States to propose a plan for changing Federal spending and tax laws over a multi-year period to enable Puerto Rico to become a State if Puerto Ricans vote for the status a second time. The legislation would also pledge congressional approval of such a plan.
Gov. Garcia has opposed the idea.
Writing fellow ‘commonwealthers’ July 4th that, “Defeating statehood is our ideological goal,” Ferrer contended that “As long as statehood is viable, the Development of the Commonwealth will be attacked by all sectors.” The “Development of the Commonwealth” is the party’s proposal for a new political status.
Puerto Ricans overwhelmingly chose statehood over nationhood in a plebiscite under local law held along with the 2012 elections after rejecting the current territory status, sometimes misleadingly called “Commonwealth” after the official name of the insular government.
A Federal law enacted in January already provides for a plebiscite on options that would resolve the question of the territory’s ultimate status. Statehood, independence, and nationhood in an association with the U.S. that either nation can end are the possible options that have significant support in Puerto Rico.
The plebiscite’s options are to be proposed by Puerto Rico’s Election Commission but the U.S. Justice Department must agree that the proposals would be possible to implement. The Commission is made up of representatives of each of Puerto Rico’s three political status-based political parties with a president appointed by the governor.
The Obama White House, which had supported the 2012 plebiscite and hailed its results, proposed the law. It was concerned that Garcia’s lobbying against Federal action on the local plebiscite’s statehood petition would result in the Congress not acting on Puerto Rico’s self-determination decision.
Garcia has wanted an insular government assembly on the territory’s status, although he suggested after enactment of the Federal plebiscite law that the assembly idea could be combined with a Federally authorized plebiscite. He has asked the Legislative Assembly to consider the matter in its session beginning in August.
The Assembly has already established a joint Senate-House committee on the issue. There is talk of committee hearings later this month.
Commonwealthers hope that an insular government assembly would choose their Development of the Commonwealth proposal. A plebiscite under Federal law could not because the proposal cannot be implemented.
Under the proposal, Puerto Rico would be a nation but the U.S. would be permanently bound to it. The Commonwealth would have the powers to nullify the application of Federal laws and Federal court jurisdiction. It could also enter into international agreements and organizations that require nationhood. The U.S. would be obligated to grant a new subsidy to the Commonwealth and most of its land in the territory in addition to current aid to individuals. It would also have to continue to grant U.S. citizenship and free entry to goods shipped from Puerto Rico.
The Obama, George W. Bush, and Clinton Administrations and congressional committee leaders of both national political parties have rejected the proposal as impossible for constitutional and other reasons.
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Asunto del estatus domina reunión de Junta de Gobierno del PPD

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Por Brenda I. Peña López/ <a href="mailto:brenda.pena@gfrmedia.com">brenda.pena@gfrmedia.com</a>
La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) se reúne esta noche en la sede de la colectividad, en Puerta de Tierra, para discutir, entre otros temas, el asunto del estatus de Puerto Rico.
Según adelantó el senador Ángel Rosa, el gobernador Alejandro García Padilla propondría esta noche a los miembros de la junta aprovechar los $2.5 millones asignados por el presidente Barack Obama, mediante legislación, para celebrar un plebiscito en este cuatrienio. Esta sería la primera consulta de estatus en Puerto Rico avalada por el gobierno de Estados Unidos.
“Eso permite que las facciones dentro del Partido Popular, sin que se obstaculicen unas a las otras, puedan ir a previo a ese proceso a conseguir una expresión del Departamento de Justicia (federal) a la cual están comprometidos en la legislación federal para que el pueblo de Puerto Rico sepa cuáles de las características de esas alternativas el gobierno federal y la administración Obama están dispuestos a avalar”, abundó Rosa quien, junto al representante José “Conny” Varela, lideran la Comisión Conjunta sobre Asuntos de Estatus.
“Esa es una coyuntura única en los últimos 40 o 45 años en Puerto Rico, que se da teniendo en consideración que hay una administración demócrata en Estados Unidos y una del Partido Popular en Puerto Rico, por primera vez desde Roberto Sánchez Vilella”, abundó el también educador.
Asimismo, indicó que una asamblea constitucional de estatus no se descarta, sin embargo, la propuesta del gobernador se inclina a tomar la oferta del gobierno de Obama.
“Estamos tomando la palabra de la administración Obama para poder adelantar una consulta que no sea excluyente en Puerto Rico. Si aun así, el Departamento de Justicia (federal) no respondiera con la celeridad y la seriedad que plantea la propia legislación, la asamblea es el mecanismo que nosotros vamos a utilizar”, afirmó Rosa.
Desde tempranas horas de la tarde varias figuras de la colectividad llegaron hasta la sede del PPD para participar del cónclave. Entre los líderes del partido que comparecieron figuran los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Rafael Hernández Colón; los presidentes de los cuerpos legislativos, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló; la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; el alcalde de Dorado, Carlos López; el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri; el representante Charlie Hernández; y los expresidentes de la colectividad Héctor Luis Acevedo, Miguel Hernández Agosto y Héctor Ferrer.
A su llegada, la mandataria municipal de San Juan reiteró que la fórmula de estatus que favorece es el Estado Libre Asociado (ELA) no colonial y no territorial. Argumentó que el ELA “le ha servido bien a Puerto Rico”, pero la realidad actual del País lo obliga a adquirir poderes soberanos para poder insertarse en la economía global y dejar de depender de Estados Unidos para su desarrollo económico.
Ferrer por su parte recalcó que debe haber una consulta, específicamente sobre la estadidad.
“Yo creo que si vamos a ir a un referéndum, plebiscito o alguna consulta debe ser 'estadidad sí o no', pero es un asunto que hay discutir”, sostuvo.
La reunión fue convocada a las 5:00 p.m., pero comenzó cerca de las 7:00 p.m. A las 9:00 p.m., los miembros de la junta continuaban reunidos.

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» Prioritaria la seguridad del personal de la AEE
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Another Worker Injured at PREPA Plant Where Fatal Accident Occurred - SJDS | El Nueva Dia Editorial: Prioritaria la seguridad del personal de la AEE

 Another Worker Injured at PREPA Plant Where Fatal Accident Occurred - SJDS 

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Power Plant Explosion in Puerto Rico kills one, three wounded

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Authorities have not yet released the identity of the deceased worker or their wounded comrades, who were taken to a nearby hospital. (Photo: Primerahora.com)
One person died and three others were injured Sunday in an explosion at the power plant of the Electric Power Authority (PREPA) in Guaynabo, San Juan surrounding city.
The official release from the Puerto Rico Police, Maritza Ramos said the blast occurred at 13h40 local time (17h40 GMT) in a boiler main power station that supplies power to the metropolitan area of ​​San Juan and villages nearby.
By the time the reasons and circumstances of the explosion is unknown and the authorities have not yet released the identity of the deceased worker or their wounded comrades, who were taken to a nearby hospital.
Still, the board of the Union of the Electricity Industry and Irrigation (UTIER), the main union of ESA, conveyed his sympathy to the families of those affected.
“Our prayers with colleagues from Central San Juan and the families of all those affected. Lot of strength to all,” said UTIER through his Twitter account.
The mayor of San Juan, Carmen Yulin Cruz said in the same way:. “Our solidarity to fellow UTIER ESA and the unfortunate situation in the Central Count on us”.
“Our prayers for the injured in the explosion at the plant in SJ AEE. Fortaleza for themselves and their families,” said the representative of Puerto Rico in Washington, Pedro Pierluisi, in the same social network. 
El Nueva Dia Editorial

Prioritaria la seguridad del personal de la AEE

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16 de julio de 2014
La seguridad de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tanto unionados como profesionales, que a diario arriesgan sus vidas para proveerle electricidad al País, es un asunto de la más alta prioridad y no puede haber excusas para posponer su atención.
Los dos accidentes laborales ocurridos el domingo y el lunes en la Central San Juan de la AEE, que costaron la vida de un mecánico con más de 25 años de experiencia y provocaron quemaduras serias a otros cuatro unionados, provocan dolor y rabia ante la crudeza de los hechos, pero no deben sorprender a nadie.
Lo sucedido traduce nuevamente en tragedia las quejas que se han planteado durante años en torno al pobre mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la corporación pública, que ha causado ya otras muertes y que pone en peligro las vidas de muchos empleados, tanto unionados como gerenciales, que diariamente tienen que laborar en las calderas de las plantas.
La AEE ha acaparado las portadas de meses recientes por la precaria situación económica que padece, la que ha alcanzado niveles tan graves que la corporación pública enfrenta un verdadero vía crucis para poder comprar el combustible que necesita para operar.
Además, una deuda acumulada de casi $11,500 millones la ha colocado contra la pared y ahora intenta renegociar parte de lo que debe pagar en principal e intereses a los bonistas, en un intento desesperado por poder cumplir su misión primordial, que es darle electricidad al País.
Lo que no podemos perder de vista es que este panorama desolador ha provocado un empeoramiento de las condiciones de seguridad de las plantas, que reflejan un bajo rendimiento ocasionado mayormente por la falta de mantenimiento preventivo continuo.
La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que representa a la mayoría de los empleados unionados de la AEE, y otras organizaciones que representan a gerenciales y profesionales, han denunciado a través de los años los problemas de mantenimiento de las plantas, que los ponen en peligro a todos.
Se habla de ascensores de torres dañados, pisos enmohecidos, equipos obsoletos por falta de piezas o por su antigüedad, entre otros problemas. Ante este cuadro, no puede haber excusas a la hora de atender con urgencia el mantenimiento de las centrales y otras instalaciones eléctricas de la AEE.
Es imprescindible asignar los fondos que hagan falta para corregir las deficiencias, y ello debe hacerse irrespectivamente de que las asignaciones provengan de la propia Autoridad -que sería lo apropiado- o incuso del Gobierno central ante el déficit operacional de la corporación.
Cualquier inversión en el mantenimiento de las instalaciones de la AEE tiene que financiarse con premura, pues estamos hablando de proteger vidas humanas, personas de carne y hueso, con familias que mantener, que se sacrifican a diario para que nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestras industrias, nuestros comercios y nuestros parques no estén a oscuras.
“Este es el gobierno de la gente”, repitió el lunes el gobernador Alejandro García Padilla, en alusión a su lema de campaña electoral, para afirmar que ha decidido defender a los ciudadanos frente a las casas acreditadoras que han continuado degradando el crédito del País.
Confiamos en que el gobernador haga buena su aseveración, ya que los trabajadores de la AEE, una de las entidades del Estado más asediadas por las casas acreditadoras, son parte de esa gente a la que ha prometido defender.